LA VIOLENCIA DE GÉNERO: DEFINICIÓN INTERNACIONAL

Para llegar a la definición institucionalmente consensuada sobre“violenciadegénero”debemos realizar una aproximación
a los antecedentes históricos, un breve recorrido que refleje
los esfuerzos conjuntos por abordar el problema social de
la violencia contra las mujeres desde los organismos supranacionales,
según han ido asumiendo las reclamaciones de las
organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos.
El primer paso de este recorrido podemos situarle en 1945;
ya en la Carta fundacional de Naciones Unidas se establece
“la fe en los derechos humanos fundamentales… y la igualdad
de derechos de hombres y mujeres”. Como sabemos, el 10 de
diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la Declaración Universal de Los Derechos Humanos,
cuyo artículo 1 ya establece que “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros”. A lo largo de los 30 artículos que componen
esta Declaración se establecen los derechos fundamentales
para todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones.
La violencia contra las mujeres significa la vulneración
de los derechos humanos universales, especialmente
los recogidos en los artículos 3 y 5. Artículo 3: “Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”, y artículo 5: “Nadie será semetido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En estas primeras décadas, el avance de las mujeres impulsado
desde Naciones Unidas se centra en la adquisición de
los derechos civiles y políticos de las mujeres (derecho al voto,
derechos de ciudadanía); en los siguientes decenios, se producirá
un cambio cualitativo; se dará cobertura institucional a
la protección de los derechos sociales y económicos de las
mujeres, a través del avance en legislación y políticas antidiscriminatorias.
Las décadas de los sesenta y setenta conocieron el resurgir
del movimiento de mujeres y la incorporación académica
de la teoría de género, que produjeron concienciación y movilización
internacional, proporcionando nuevos conceptos, entre
ellos el de “género”. Unida al desarrollo de la legislación
antidiscriminatoria en el ámbito laboral, la problemática específica
por la situación histórica de discriminación de las mujeres
llegó a los organismos internacionales.
En efecto, la categoría analítica de “género” permite visibilizar
las desigualdades que las diversas sociedades construyen
tomando como criterio el sexo de las personas. Se observará,
con la introducción del análisis de género, que las diferentes
sociedades parecen otorgar posiciones hegemónicas a
los hombres y/o a lo que se ha construido socialmente como
masculino o propio de los varones. Esta creencia social en la
superioridad masculina conlleva ventajas sociales de partida
de los hombres respecto a las mujeres en el acceso a los recursos
y en el mantenimiento del control de los sectores básicos
de las propias sociedades (poder político, económico, militar,
religioso…). El otro componente de la especie humana, el
femenino, queda en desventaja. Se genera así una discriminación
por género, que afecta a las mujeres.
La legislación antidiscriminatoria sirvió para determinar la
necesidad de establecer medidas específicas (acciones positivas)
para favorecer a los colectivos o grupos discriminados. Se
determinó jurídicamente que un tratamiento igual a grupos que
tienen oportunidades de partida desiguales perpetúa, y aún aumenta,
las desigualdades. Las acciones positivas por tanto, son
el instrumento para corregir y erradicar las discriminaciones o
para compensar a los grupos que sufren una desigualdad social,
con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades
de partida, y hacer posibles los fundamentos democráticos. Tanto
las democracias modernas como la Declaración Univesal de
los Derechos Humanos establecen los principios de libertad e
igualdad entre los individuos, sin discriminaciones.
En los años setenta del siglo XX, la preocupación por la
desigualdad de género llegó a Naciones Unidas. Hay que señalar
la importancia histórica de la Declaración sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer, resolución de la Asamblea General de la ONU, de 1979,
que entró en vigor en septiembre de 1981, así como la creación
del Comité (CEDAW) y la aprobación (1999) y entrada en
vigor del Protocolo Facultativo (2000). Esta Declaración representa,
aún hoy día, la Carta Magna de los Derechos Humanos
de la Mujer y todas las normativas y resoluciones internacionales
posteriores coinciden en la necesidad de que los países
la ratifiquen sin reservas. Hasta la actualidad, la han ratificado
162 Estados, pero muchos con reservas importantes. España
la ratificó en 1984 y ha ratificado también el Protocolo
Facultativo (que impide las reservas y afirma la jurisdicción superior).
En la Declaración se fija la definición de “discriminación contra
la mujer”, en su artículo 1: “A efectos de la presente
Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural
y civil, o cualquier otra esfera”.
A finales de la década de los ochenta la violencia contra
las mujeres alcanza un tratamiento específico y prioritario desde
los organismos internacionales, con la ayuda de la tarea de
concienciación que llevan a cabo en todo el mundo las organizaciones
de mujeres. En 1991, dos organismos de Naciones
Unidas (el Consejo Económico y Social, y la Comisión sobre
la Condición Jurídica y Social de la mujer) instan a la revisión
diferenciada del problema de la violencia contra las mujeres y
a la adopción de medidas igualmente específicas y diferenciadas.
Posteriormente, en 1992, el Comité aborda separadamente
el tema de la violencia contra las mujeres (Recomendación
General Nº 19), requiriendo a los Estados información acerca
de la situación de violencia que afecta a las mujeres y de las
medidas previstas para afrontarla, e instándoles a poner en
marcha las acciones específicas necesarias dirigidas a erradicar
cualquier forma de violencia basada en el género.
Otro momento histórico tiene lugar en junio de 1993, en
Viena, durante la celebración de la II Conferencia Mundial de
los Derechos Humanos; en ella se reconocen expresamente,
por primera vez, que “los derechos humanos de la mujer y de
la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales”. Se acordó la creación del cargo
de Relator/a Especial sobre Violencia contra la Mujer y se sentaron
las bases para que, meses después, en diciembre de
1993, se aprobase por la Asamblea General de la ONU una
Declaración específica sobre violencia de género.
En la Declaración sobre la eliminación de la violencia
hacia la mujer (ONU), diciembre 1993) se establece la siguiente
definición, en su artículo 1: “A los efectos de la presente
Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada”.
El artículo 2 explicita los actos que pueden considerarse
como manifestaciones de violencia de género: “Se entenderá
que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos,
aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca
en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual
de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con
la dote, la violación por el marido, la mutilación genital
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la
mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros
de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro
de la comunidad en general, inclusive la violación,
el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares,
la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada
por el Estado, donde quiera que ocurra”.
Esta definición es la base de la que posteriormente recoge
la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la IV
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer
(Septiembre, 1995), en el Capítulo D, “La violencia contra la
mujer (Párrafos 112-130), con un avance importante; que las
agresiones y violaciones contra mujeres realizadas durante los
conflictos armados, así como la utilización de la violencia contra
la mujer como “arma de guerra” sean consideradas
Crímenes de Guerra y juzgados como tales.
Desde mediados de los años noventa, las distintas Administraciones
de nuestro entorno cercano (europeas, nacionales,
regionales, locales), siguiendo las recomendaciones de
Beijing, han ido afrontando esta grave problemática social, con
la adopción de diversos Planes de Actuación contra la Violencia
Doméstica (según se suele denominar comúnmente la más
grave manifestación de violencia de género en nuestra sociedad),
y con modificaciones legislativas, entre las que cabe destacar
la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada
en diciembre de 2004.

Violencia de género.

Caja España. Obra social.

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